A dos meses de su asunción, el presidente lejos de ajustar a la “casta”, recorta el poder adquisitivo a los haberes previsionales
Hay mucha plata, pero es solo para algunos
En medio de la campaña electoral, el entonces candidato a presidente de la Nación, Javier Milei, anunciaba la necesidad de terminar con el déficit fiscal. Para ello anunciaba un ajuste direccionado a la “casta”, entendiendo por ella todas las personas que viven de la política de un modo inmoral.
La promesa encerraba un engaño, porque que no hay manera de bajar 15 puntos el PBI de nuestro país recortando gastos de la política. Aún eliminando todos los salarios de los funcionarios nacionales (cosa difícil de poner en práctica) dicha reducción alcanzaría según los expertos económicos de todo el arco ideológico/político al 0,5% del PBI.
Vale decir que el plan económico del presidente Milei es otro, distinto al que dijo en campaña y con el cual llegó a presidente.
Lo importante es visualizar, que este plan económico tiene ganadores y perdedores. Es falaz decir “no hay plata”. En realidad, hay recursos para algunos sectores -agroexportadores, alimenticios, prepagas- y ajuste para otros.
La devaluación brutal producida al comienzo del mandato del presidente Milei, generó una enorme transferencia de recursos de los sectores más populares a los de alta concentración económica. Y si se consigue el superávit fiscal, será a costa de la clase media y lo jubilados.
La situación actual de los haberes previsionales
La inflación superior al 20 por ciento mensual erosiona el poder adquisitivo de las jubilaciones. Ello provocará que la jubilación mínima en la Argentina alcance en febrero un valor real inferior al registrado durante la crisis económica del 2001, considerada la peor de su historia.
La estimación fue realizada por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), una entidad que se dedica a realizar un seguimiento de los temas previsionales, y que es reconocida en la materia.
El análisis se basa en números publicados por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) que muestran qué partidas fueron las que explicaron el recorte en el gasto estatal.
Los datos que arroja dicha Oficina indican que los gastos totales de la Administración Nacional registraron una caída real de 11,9% año a año en el primer mes del año y el recorte en los primarios llegó a 30,8% año a año.
Las jubilaciones y pensiones (-32,5% año a año), los programas sociales (-59,6% año a año) y los gastos en personal (-18,0% año a año) fueron los rubros que más contribuyeron a la reducción de los gastos.
La tendencia que marca el informe
El informe de IDESA marca una tendencia, a partir del seguimiento de la jubilación mínima y su poder de compra a lo largo de los años. Dicha tendencia marca que, para febrero, el valor real de las jubilaciones que paga la ANSES sería incluso inferior al registrado en el año 2001, marcando el punto más bajo en el siglo XXI.
Es decir, se ubicarían por debajo de la gran crisis de los años 2001/2002, la más fuerte en muchos años en nuestro país.
Los problemas que enfrentará esta política
Claramente, estamos ante una estrategia de ajuste que intenta alcanzar el equilibrio incluyendo el ajuste -la rebaja, en términos reales- de las jubilaciones nacionales.
Pero esta forma de intentar equilibrar las cuentas públicas no es nueva ni original. El Gobierno de la Alianza UCR/Frepaso en el año 2000, lo hizo de la mano de la entonces ministra de Trabajo Patricia Bullrich, recortando un 13% los haberes previsionales. Ello -entre otros factores- generó una reacción popular que hizo renunciar primero a los ministros y luego al propio presidente De la Rúa, quien no pudo concluir con su mandato de cuatro años.
Además de las reacciones esperables de la sociedad y sus organizaciones, sindicatos, centros de jubilados y el común del ciudadano afectado por esta política regresiva, lo cual generará conflictividad social, existe un problema de legalidad.
Es que este recorte no solo es injusto, porque se produce contra los que menos tienen, sino que es contrario a la constitución.
La movilidad jubilatoria
La movilidad jubilatoria se refiere al reajuste del monto de los haberes previsionales en el tiempo. El régimen de movilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) alcanza a un conjunto más amplio de beneficios (AUH, por ejemplo) y afecta los ingresos de unos 5,7 millones de beneficiarios del sistema de jubilaciones y pensiones.
El concepto «movilidad» de las prestaciones previsionales se configura en el ámbito de la Seguridad Social, garantizado por la Constitución Nacional. Específicamente, el Artículo 14 bis (tercer párrafo) prescribe:
«El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá […] jubilaciones y pensiones móviles».
Vale decir que en tanto nuestra Constitución es la Ley Suprema de la Nación y todos los actos de gobierno deben ajustarse a ella, los haberes que cobran los jubilados en nuestro país deben ser móviles, no pueden congelarse, ni mucho menos recortarse.
El criterio sentado por sentencias del Poder Judicial en su máxima instancia (La Corte Suprema de Justicia de la Nación) le otorgan a la jubilación un carácter sustitutivo del salario y una proporcionalidad con éste. Ello implica que, más allá de la pérdida en el poder adquisitivo que pudiera sufrir el haber, lo que resulta más relevante para los jueces es la relación con la evolución de los salarios. Si los salarios suben, debe haber una correlación con las jubilaciones.
En los últimos 40 años han existido incumplimientos del Estado Nacional a la obligación de otorgar adecuadamente la movilidad de las prestaciones del sistema previsional. Dicha conducta estatal, que se reitera en el presente, es claramente in/constitucional. De esta práctica, lamentablemente reiterada, se derivarán innumerables juicios contra la ANSES, con lo cual el “ahorro” se transformará en “gasto” a mediano plazo.
Queda pendiente como tarea para quienes creemos que deben pagarse haberes jubilatorios justos, construir una política alternativa para que los jubilados puedan vivir dignamente.
